Repudiamos rotundamente la expropiación del Grupo Vicentin por parte del Gobierno Nacional.

VISTO:
La intervención al Grupo Vicentín, por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia, anunciado por el Gobierno Nacional en la tarde del lunes 8 de junio del año en curso; y
CONSIDERANDO:
Que la intervención a una empresa privada, por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia, como el anunciado por el Gobierno Nacional en la tarde del 8 de junio pasado, es una medida ilegal e inconstitucional, que avasalla las facultades del Poder Judicial, debido a que es el juez concursal quien detenta de modo privativo la potestad de intervenir una empresa.
Que el Poder Ejecutivo Nacional no tiene facultades para intervenir una empresa privada, se está socavando el régimen de la Ley de Sociedades que prevé las causales de intervención y que debieran ser dispuestas por el juez del concurso preventivo.
Que esta medida viola el artículo 109 de la Constitución Nacional, el cual establece que, en ningún caso, el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocmiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas.
Que esta medida, además, da un primer paso en el camino para estatizar el mercado agropecuario, repite experiencias anteriores que nos terminaron costando muy caras a todo el pueblo argentino. En efecto, no puede desconocerse que el kirchnerismo tiene experiencia en expropiar empresas por simple decreto, tal como sucedió con YPF, Ciccone, Aerolíneas Argentinas y Aguas Argentinas, con un discurso triunfalista, por lo que después los argentinos tuvimos que pagar miles de millones de dólares en juicios y haciéndonos cargo de sus pérdidas.
Que este accionar innecesario y poco republicano constituye un peligro real y concreto de consecuencias impredecibles para toda la sociedad argentina, que deteriora la confianza en el país y cierra la puerta a las inversiones necesarias para salir de la crisis que atraviesa nuestro país.
Que con la creación de esta nueva figura de “Intervención Estatal de Empresas”, inexistente hasta ahora, se viola la propiedad privada consagrada en la Constitución. Además, pasa por encima de la autoridad del juez a cargo del concurso de acreedores del Grupo Vicentín, cuya función también es la de garantizar los derechos de los acreedores y deudores de la empresa.
Que, por otra parte, no debe desconocerse que esto puede ser un primer paso para avanzar en una mayor regulación del mercado de granos, que es la principal fuente de divisas del país.
Que este lamentable accionar mella la seguridad jurídica y la confianza en nuestras instituciones, condiciones indispensables para que el sector privado invierta y genere riqueza y trabajo en nuestro país.
Que empresas en problemas por la cuarentena corren el mismo riesgo. Si la excusa para expropiar Vicentín es que estaba en problemas, ¿Qué seguridad tienen las miles de empresas argentinas hoy al borde de la supervivencia por las restricciones impuestas durante el aislamiento social obligatorio?. Después de este anuncio, toda empresa tiene razones para sospechar que cualquier ayuda estatal, podrá ser usada en su contra en el futuro cercano.
Que lo que nos venían adelantando algunas “mentes expertas” kirchneristas, hoy es una realidad y verdad. Este anuncio muestra una clara intención de avanzar con la participación estatal en empresas, a pesar de haber sido desmentido por el Presidente Fernández en Formosa. Hoy, nadie dijo el famoso “¡exprópiese!” chavista, pero la oposición y la ciudadanía debemos estar en pie de alerta.
Que no hay urgencia para que sea por DNU. El Poder Judicial debería, a través del juez actual del concurso en Santa Fe, garantizar los derechos de acreedores y deudores. Alberto Fernández ejerce la suma del Poder Público tanto al emitir un DNU (debe, sin dudas, tratar este tema el Congreso) y es una injerencia sobre el Poder Judicial que ya está interviniendo en el tema regulado por una Ley Nacional (Ley de Concursos y Quiebras).
Que en este orden de ideas, resulta conveniente y oportuno dejar sentada la posición de este Cuerpo Legislativo sobre este asunto .
Que en virtud de las facultades legislativas que le confiere la Ley N° 2756 corresponde al Concejo Municipal sancionar la norma legal pertinente,

POR TODO ELLO SANCIONA EL SIGUIENTE Art. 1).- DECLÁRASE por parte del Concejo Municipal de Esperanza el repudio y preocupación frente a la intervención que se hizo al Grupo Vicentín, por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), anunciado por el Gobierno Nacional en la tarde del lunes 8 de junio del año en curso, debido a que es una medida ilegal e inconstitucional, que avasalla las facultades del Poder Judicial. Asimismo, deteriora la seguridad jurídica y la confianza en nuestras instituciones, condiciones indispensables para que haya inversiones y generación de riqueza y trabajo genuino en nuestro país.
Art. 2).- Comuníquese al Departamento Ejecutivo.